¿Cuáles suelen ser las tarifas y precios para tramitar un procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad en España?

Gracias a la Ley Segunda Oportunidad, es posible que las personas físicas puedan cancelar sus deudas cuando se encuentran en una situación de insolvencia y no pueden hacerles frente. Sin embargo, es importante saber que este procedimiento no es gratuito, por lo que conlleva algunos costes que es importante conocer antes de optar por acogerse a este mecanismo legal.

Hay que señalar que los costes asociados a un expediente de segunda oportunidad van a depender de su complejidad y de los profesionales que intervengan en el procedimiento.

Generalmente, cuanto mayor sea el patrimonio del deudor, más elevados serán los costes del proceso, debido a que serán necesarias un mayor número de actuaciones para lograr la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI).

A este respecto, puede decirse que no se requiere el mismo número de actuaciones para un deudor que no posee bienes, que para aquel que tiene inmuebles, coches e ingresos regulares.

Los gastos asociados al procedimiento de la Ley Segunda Oportunidad pueden clasificarse en:

Honorarios de abogado y procurador

Para comparecer al proceso de la Ley Segunda Oportunidad, el deudor debe estar representado por abogado y procurador. El abogado se encarga de la dirección técnica del proceso, es decir, estudia el caso, define la estrategia a seguir y prepara los documentos y escritos que se necesiten presentar al juzgado.

El procurador se encarga de presentar dichos escritos y documentos, recibir las notificaciones del juzgado y cumplir con sus diligencias y mandatos.

Abogado

Los honorarios del abogado o despacho de abogados que lleve al caso supone el coste más alto en un procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que su función es preparar, iniciar e impulsar el proceso legal, para lo cual debe acreditar que el deudor cumple con todos los requisitos exigidos.

Cada abogado o despacho establece sus propias tarifas y formas de pago, las cuales dependen en muchos casos de la complejidad del expediente y de la trayectoria del abogado. No obstante, el precio ronda entre los 3.000 y 5.000 euros, generalmente. Aunque en casos de gran complejidad, los honorarios del abogado tienden a ser más altos.

Procurador

La complejidad del expediente es un factor que influye también en los honorarios del procurador. Cuando se trata de un concurso sin masa, donde el deudor no cuenta con bienes de valor, los honorarios del procurador tienden a oscilar entre los 200 y 500 euros.

Si el concurso es de tramitación ordinaria, los honorarios del procurador se determinan, generalmente, por el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, que establece que los honorarios del procurador se determinan de acuerdo a la deuda total del deudor, de acuerdo a la siguiente escala:

• Hasta los 12.020,24 euros: 330,54 euros.

• Hasta los 30.050,61 euros: 462,76 euros.

• Hasta los 60.101,21 euros: 661,12 euros.

• Hasta los 120.202,42 euros: 999,66 euros.

• Hasta los 240.404,84 euros: 1.322,22 euros.

• Hasta los 300.506,05 euros: 1.520,54 euros.

• Hasta los 601.012,10 euros: 2.115,56 euros.

A dicho arancel hay que adicionar el IVA. Es importante saber, que no existe ningún impedimento legal para que el cliente pueda pactar con el procurador una tarifa inferior a la establecida en la escala.

Gastos notariales, registrales y administrativos.

La reforma concursal de 2022 de la Ley de Segunda Oportunidad elimina el requisito de intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago entre las partes, previo a la solicitud de cancelación de las deudas. Durante el procedimiento no se generan gastos notariales.

A pesar de ello, si durante el procedimiento es necesario proceder a la venta o entregas de activos o inmuebles cuya transmisión deba formalizarse a través de escritura pública, es probable que se generen gastos notariales.

La declaración de insolvencia del deudor debe ser inscrita en el Registro Civil, pero este trámite es gratuito, cuando lo tramita el Juzgado. No obstante, cuando el deudor posee bienes inscribibles en registros públicos, la anotación de la declaración de concurso en el Registro de la Propiedad no es gratuita, su costo oscila entre 100 y 200 euros.

Igualmente, si es necesario solicitar certificados registrales, el coste de cada documento es de unos 10 euros.

Honorarios del administrador concursal

Con la reforma concursal de 2022, en la mayoría de los supuestos no se necesita de la intervención del administrador concursal, el cual será designado únicamente en caso de que el deudor disponga del activo suficiente, que haga necesaria la tramitación del concurso por vía ordinaria.

Cuando el deudor no posee bienes o derechos con valor, el procedimiento de la Ley Segunda Oportunidad, se sustanciará de manera expedita, sin que se nombre un administrador concursal, a menos que los acreedores lo soliciten de manera expresa.

Cuando los acreedores soliciten la intervención de un administrador comercial, están obligados a costear sus honorarios.

¿Cuánto dinero se necesita para acogerse a la Ley Segunda Oportunidad?

Como se ha podido observar, acogerse a la Ley Segunda Oportunidad no resulta costoso, si se tiene en cuenta que los despachos de abogados ofrecen facilidades de pago. Además, si se considera el total de las deudas que se pueden cancelar.

El coste de un proceso de segunda oportunidad depende de las condiciones económicas en que se encuentre el deudor, la complejidad del expediente y los honorarios de los profesionales del área legal que intervengan en el caso.

Es importante saber, que el pago puede hacerse de manera fraccionada, en cuotas que el deudor puede cubrir sin inconvenientes, lo que facilita que pueda acogerse a la Ley Segunda oportunidad.

Se recomienda a los deudores interesados en acogerse a este mecanismo legal contar con una provisión de fondos de 300 a 500 euros, esto les permitirá afrontar los gastos iniciales del procedimiento, evitando que el expediente se ralentice por falta de fondos.

En todo caso, se debe recalcar, que cuando una persona particular o autónomo se encuentra en una situación de insolvencia, que no le permite hacer frente al pago de las deudas contraídas, asumir los gastos del procedimiento de la Ley Segunda Oportunidad resulta menos costoso que cargar con las deudas de forma indefinida.